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La marginalidad se puso de moda: ¿hay turismo en la Rocinha de Río de Janeiro, por qué en la Villa 31 no?

26 Abr 2026 | Opinión

Por Matías Roman Avecilla

Mientras la favela más grande de Río se convierte en escenario de recorridos, drones y consumo global, la Villa 31 —llamada oficialmente Barrio Padre Mugica (en homenaje a Carlos Mugica por su gran compromiso con los barrios populares)— permanece fuera del circuito: dos realidades similares, pero miradas de manera opuesta.

En los últimos meses, se viralizaron imágenes de Fernando Burlando —uno de los abogados más reconocidos y acaudalados de Argentina— recorriendo la Rocinha y registrando videos en su interior. La escena no resulta extraña en el contexto actual: la favela se ha transformado en un punto de interés para turistas, influencers y figuras públicas.

Sin embargo, cuesta imaginar una postal similar en Buenos Aires. Difícil pensar a Burlando —o a cualquier figura de ese nivel— grabando contenido dentro de la Villa 31.

En un mundo donde todo puede transformarse en contenido, incluso la pobreza empieza a adquirir valor de mercado. No por lo que es, sino por cómo se la muestra. En ese escenario, dos territorios urbanos de América Latina —Rocinha, en Río de Janeiro, y la Villa 31, en Buenos Aires— ofrecen una comparación incómoda, pero necesaria.

Rocinha mira al mar. Literalmente. Desde sus pasillos estrechos y escaleras improvisadas, el horizonte se abre hacia una de las postales más codiciadas del mundo: Río de Janeiro. Esa ubicación, que en otro contexto sería privilegio, se convierte en un contraste brutal. La belleza natural convive con la precariedad estructural.

La densidad poblacional en la villa carioca supera las 48.000 personas por kilómetro cuadrado, una de las mayores de Latinoamérica, y sus habitantes carecen de servicios básicos como agua potable y cloacas.

Quienes lo visitan lo describen como un lugar caótico, ruidoso, con olores, contaminación, construcciones ensimismadas y aproximadamente 200.000 residentes concentrados en una superficie reducida. Sin embargo, todos afirman que la Rocinha es un espacio que tiene y transmite vida, alegría y buena energía.

Vivir en una favela define a los brasileños desde su nacimiento: el limitado acceso a la salud, su baja esperanza de vida por las malas condiciones en las que viven y los pobres niveles de alfabetización. A solo mil metros de allí están los barrios Gávea y Leblon, con índices de vida similares a los de Noruega o Australia, acceso a estudios universitarios y mayor expectativa de vida. Domiciliarse a esa distancia de la Rocinha implica poder vivir 15 años más.

Pero hoy Rocinha ya no es solo una favela: es también una experiencia.

El turismo de favelas, impulsado en los últimos años, la convirtió en destino. Existen recorridos guiados, relatos armados, trayectos definidos. La pobreza dejó de ser únicamente una condición para convertirse, en parte, en espectáculo. Una narrativa exportable.

En ese circuito, cada vez es más frecuente la presencia de turistas argentinos que buscan algo más que una visita: buscan contenido. Pagan por ingresar a zonas específicas —como la llamada “rua 1”, señalada por muchos como uno de los puntos más sensibles— y registrar imágenes con drones, videos que luego circulan en redes sociales como una forma de mostrar “lo que pocos ven”.

Entre quienes han transitado estos recorridos se mencionan también figuras públicas argentinas, lo que termina amplificando el fenómeno y legitimando, en cierta medida, este tipo de prácticas. Pero detrás de esa postal hay una estructura más compleja.

En Rocinha, como en muchas otras favelas, la vida cotidiana convive con sistemas de poder paralelos al Estado. Distintos testimonios y trabajos periodísticos han señalado que parte de la actividad económica interna —incluyendo circuitos informales y comerciales— se encuentra, directa o indirectamente, atravesada por organizaciones vinculadas al narcotráfico que ejercen control territorial.

La Rocinha está bajo el “gobierno” de un grupo de narcotraficantes instalado allí. La banda criminal ejerce el “monopolio” de la comercialización de droga en ese sector de Río de Janeiro, pero al mismo tiempo se encarga de la seguridad de los lugareños y entre ellos manejan códigos, reglas y se respetan. En ese espacio, se respira comunidad, por eso difícilmente le roben a alguien que vive dentro de esta favela. Si no te metés con ellos, no se meten con vos. Además, hay un trasfondo social en esa convivencia, porque los narcotraficantes se ayudan entre ellos o ayudan a la comunidad. En este punto, la Rocinha y la Villa 31 presentarían características muy disímiles, al encontrarse esta última más fragmentada por sus distintas generaciones y no existir códigos afianzados de respeto intracomunidad.

En ese contexto, el turismo genera una paradoja difícil de ignorar:
por un lado, dinamiza la economía local, genera ingresos y visibilidad;
por otro, puede terminar integrándose —aunque no siempre de forma consciente— a un sistema que también se sostiene en actividades ilegales.

La pobreza, entonces, no solo se vuelve visible: también se vuelve funcional.

La Villa 31, en cambio, se ubica en otro lugar simbólico.

No tiene morros ni vista al mar. Está incrustada en el corazón de Buenos Aires, a metros de uno de los centros financieros más importantes del país. Rodeada de autopistas, trenes y edificios, su paisaje es el de la tensión constante entre integración y exclusión. Con una densidad poblacional de 50.000 habitantes en 72 hectáreas —el equivalente a 100 canchas de fútbol—, lo que la torna densamente poblada en un espacio chico.

A diferencia de Rocinha, la Villa 31 no ha sido integrada al circuito turístico internacional. No hay una industria consolidada que la ofrezca como experiencia. Su exposición es menor, pero no por eso su realidad es más leve. Al contrario: su cercanía con el poder económico la vuelve más incómoda, menos “vendible”.

En Rocinha, la pobreza puede ser narrada. En la Villa 31, la pobreza interpela.

Sin embargo, en ambas sucede algo que escapa a la lógica externa: la vida.

Hay redes, organización, cultura, identidad. Hay comercio, hay movimiento, hay proyectos. Donde muchos ven carencia, hay estructura social. Donde se señala el déficit, existe adaptación.

La diferencia, entonces, no está solo en las condiciones materiales, sino en la mirada.

Rocinha es observada. La Villa 31 es evitada. Una se vuelve postal. La otra, frontera.

Pero el riesgo es el mismo: reducir estos espacios a una idea simplificada. Convertirlos en símbolo sin entender su complejidad. Ya sea para consumirlos o para ignorarlos.

En tiempos donde todo se transforma en contenido, la pregunta no es solo qué vemos, sino desde dónde miramos.

Porque ni Rocinha ni la Villa 31 necesitan ser explicadas como fenómenos. Necesitan ser entendidas como lo que son: territorios donde la desigualdad no es una imagen, sino una condición cotidiana. Y donde, a pesar de todo, la vida insiste.

En Rocinha, además, aparece una dimensión incómoda que complejiza cualquier mirada superficial. Aunque hacia afuera se la perciba como un territorio sin Estado, caótico, de riesgo extremo, anárquico, hacia adentro existen reglas. No siempre escritas, pero sí conocidas.

Distintos testimonios coinciden en que hay códigos de convivencia que se respetan con mayor rigidez que en otros contextos urbanos: ciertos delitos —como robos dentro del barrio o agresiones a vecinos— son fuertemente sancionados por quienes ejercen el control territorial. En ese marco, la vida cotidiana se organiza bajo una lógica propia, donde la seguridad no depende exclusivamente de las instituciones formales, sino de estructuras paralelas.

Esa dinámica genera una percepción contradictoria. Para muchos, la favela no es un espacio caótico, sino uno donde ciertas normas se cumplen con más firmeza que fuera de sus límites. Para otros, ese mismo orden implica la presencia de un poder que reemplaza al Estado y que establece sus propias reglas.

Incluso existe asistencia social informal —apoyo a familias, ayuda en situaciones de emergencia— que convive con la existencia de economías ilegales que sostienen ese mismo entramado.

La paradoja es evidente: un territorio que desde afuera se imagina como anárquico, pero que hacia adentro funciona con reglas claras; un sistema que puede ofrecer contención, pero también se apoya en estructuras que escapan a la legalidad.

En comparación, en Argentina —y particularmente en barrios populares como la Villa 31— la relación entre seguridad, Estado y territorio adopta otras formas. No hay un único esquema de control ni una lógica homogénea, y la fragmentación muchas veces genera escenarios más imprevisibles, donde frente a las nuevas generaciones los códigos se han ido perdiendo.

Muchos afirman que cuando Mugica eligió vivir y trabajar allí, compartía su vida cotidiana y tuvo un gran compromiso con la gente del barrio, no como asistidos sino como pares. Así, en ese entonces se podía respirar comunidad. Para él, la villa no era otro lugar: era su lugar. Sin embargo, no se sacaba fotos. Es decir, hay consenso en que evitaba exponerse o usar la villa como escenario; buscaba vivir con la gente, no mostrarse con la gente. Le importaba más la presencia cotidiana que la imagen pública. De todos modos, en esa época los drones aún no existían.